Por Emiliano González
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| Foto: Obra de teatro En el ombligo de la luna |
El estado de Jalisco, segundo lugar oficial en casos de desapariciones
en México con 2 mil 235 personas fuera de sus hogares y apartadas de sus
familias entre 2006 y 2015, se enfrenta a una problemática que había sido
advertida por organismos de la sociedad civil, pero que cobra fuerza a raíz de
los hechos violentos registrados recientemente en la entidad: la posible
implicación de una red organizada de trata de personas en los casos de
desaparición.
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| Érika Cueto, una de las desaparecidas de Jalisco. |
Desde las 2:30 de la tarde del miércoles 12 de
noviembre de 2014, los familiares y amigos de Érika Cueto no saben nada de
ella. Érika, empresaria de 39 años que organizaría la cuarta edición del
Congreso Pole Fitness Vallarta, licenciada en Cultura Física y Deportes por la
Universidad de Guadalajara, instructora de pole en Puerto Vallarta,
salió de su casa rumbo a San José del Valle, Nayarit, a bordo de un auto Spark
rosa que apareció el 18 de noviembre, pintado de color blanco.
Para entonces, Érika se había convertido en una
de las 22 mil 322 personas cuyo paradero se desconoce, de acuerdo con el
Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), modificado
en octubre del año pasado. De los casos de desaparición que se denunciaron ante
las autoridades previo a esa fecha de corte, 2 mil 113 correspondían a Jalisco.
Esta cifra sólo era superada por la de Tamaulipas, que reportaba un total de 4
mil 875 desaparecidos.
Una consulta al RNPED realizada por este
reportero en mayo de 2015 arrojó que las cifras del gobierno se habían
modificado nuevamente, pues los desaparecidos en Jalisco eran ya 2 mil 235.
El informe de la organización Amnistía
Internacional (AI), presentado en enero de este año ante el Comité contra las
Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala
que el número oficial de personas desaparecidas en nuestro país engloba
únicamente los casos denunciados ante las autoridades (consulta el informe completo aquí).
Asimismo, detalla el informe, esta cantidad no
se limita al delito de desaparición forzada, pues no indica que “la persona en
cuestión hubiera desaparecido contra su voluntad o que en su desaparición
hubieran estado implicados funcionarios públicos”. Amnistía Internacional
atribuye estas declaraciones al gobierno de México.
Pese a la ligera baja en los casos de
desaparición, ausencia o extravío que reportó Jalisco entre abril de 2013 y
octubre de 2014 (de 2 mil 230 a 2 mil 113), diversas organizaciones de la
sociedad civil han mostrado su desconfianza de las estadísticas oficiales, ante
lo que consideran un incremento de las desapariciones en el estado.
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| FUNDEJ es una organización que denuncia las desapariciones en Jalisco y emprende la búsqueda de personas desaparecidas |
Así, la organización “Familias Unidas por
Nuestros Desaparecidos en Jalisco” (FUNDEJ) apunta a más de 1 059 denuncias por
desaparición solamente en el periodo de enero a noviembre de 2014, lo cual,
asegura FUNDEJ, “pone en duda el registro nacional de desapariciones en el
estado”.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) presentó en febrero de 2015 su informe en materia de
desapariciones forzadas ante la ONU, en el cual planteaba la necesidad de
distinguir los casos de personas no localizadas de aquéllos en los que hay
implicación de la delincuencia organizada.
También Santiago Corcuera Cabezut, integrante
del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, recomendó incluir a los
particulares en la tipificación del delito de desaparición forzosa, que en la
legislación federal y gran parte de las legislaciones estatales limita su
alcance a la comisión del ilícito por parte de servidores públicos.
En Jalisco, la desaparición forzada
se definió como delito grave luego de la iniciativa presentada en 2013 por Jaime Prieto Pérez, diputado del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, se incluyó en los delitos cometidos por servidores públicos (título séptimo del Código Penal), aunque los particulares fueron contemplados como "sujetos activos" de una desaparición, en los casos en que actúan por sí mismos, o con autorización y ayuda de funcionarios y cuerpos de seguridad pública.
En contraparte, Amnistía Internacional considera que la penalización del secuestro representa un obstáculo
para familiares y víctimas, pues “el informe del Estado Parte sugiere que las leyes existentes en materias como
el secuestro o la privación ilegal de la libertad bastan para tipificar como
delito conductas que constituyen desaparición forzada, cuando no existan
indicios de la implicación de funcionarios públicos”.
Amnistía Internacional alega que en un
secuestro, los autores exigen el pago de un rescate o acciones específicas a
cambio de la libertad de la víctima, lo cual difícilmente ocurre en una
desaparición. Por tal motivo, las autoridades suelen negarse a iniciar una
indagatoria por secuestro, que podría llevar a una situación de trata de
personas.
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| La senadora Adriana Dávila, del PAN. Foto: Partido Acción Nacional |
Adriana Dávila, senadora del Partido Acción
Nacional y presidenta de la Comisión ordinaria en contra de la Trata de
Personas, señala en entrevista que los cambios más recientes a la Constitución
aprobados en el Senado permitirán incorporar "la desaparición forzada, la
tortura y otras formas de privación ilegal de la libertad" a una ley
general en materia de desapariciones forzadas. Esto incluye los casos en los
que la víctima del delito es privada de su libertad con fines diversos de
explotación, llámese sexual, laboral, para tráfico de órganos o embarazos
forzosos.
Protocolo de atención a desaparecidos,
"producto mediático"
La escalada de Jalisco hasta los primeros
lugares en casos de personas desaparecidas, como consta en registros oficiales,
sumada a la presión que ejercieron organizaciones internacionales y de la
sociedad civil, llevó a las autoridades del estado a lanzar, en junio de 2013,
un protocolo para atender los numerosos casos de desaparición. Posteriormente,
en septiembre del mismo año, el delito de desaparición forzada fue tipificado
como grave en el Código Penal jalisciense.
Sin embargo, la senadora Dávila cuestiona la
efectividad del Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No
Localizadas a nivel federal, del cual se nutren protocolos locales como el de
Jalisco. Se trata, afirma, de un producto mediático más que de un esfuerzo
eficiente para apoyar a víctimas y ofendidos de una desaparición.
"Hay quienes han levantado denuncias desde
hace aproximadamente un año, y aún no tienen información de ningún tipo", insiste
la senadora.
Gloria, cuyos apellidos se
omiten por motivos de seguridad, es alumna de pole fitness de Érika
Cueto, a quien conoce desde 2011. Para ella, Érika sigue siendo su maestra,
pues como muchas personas, espera verla regresar sana y salva. La joven,
cercana a la familia Cueto Vázquez, alega que la Fiscalía General de Jalisco
sólo les responde que trabaja en el caso y que se trata de un asunto
"delicado". No obstante, a casi siete meses de la desaparición de su
maestra, Gloria no ve avances en la investigación.
Puerto Vallarta, corredor sexual
Una de las problemáticas más graves relacionadas
con las desapariciones a nivel mundial es la trata de personas.
Diversas voces han alertado sobre las
operaciones en Jalisco de una red de trata controlada por el crimen organizado.
El "Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata de Personas en México", que elaboró la
CNDH en 2013, señalaba como focos rojos con mayor incidencia de captación,
traslado y explotación de víctimas, a las ciudades de Puerto Vallarta, Acapulco
y Cancún, que además son importantes destinos turísticos en nuestro país (da clic aquí para ver el informe completo).
Pero el informe de la CNDH iba más lejos pues, a
partir de información de la Procuraduría General de la República, advertía
sobre una organización criminal con presencia y control de redes de trata en
esas tres ciudades, y en los estados de Tamaulipas, Veracruz y México.
Según el diario El
Informador, de Guadalajara, ya en 2013 instancias como el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio; el Comité de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y el Centro de Justicia para la
Paz y el Desarrollo, coincidían en que “el alto número de desapariciones en
Jalisco debe apuntar hacia la existencia de redes u organizaciones dedicadas a
la trata de personas”.
En el estado que gobierna Aristóteles Sandoval,
las zonas donde hay mayor incidencia del delito de trata, según el reporte de
CNDH, son Guadalajara, ciudad capital, y Puerto Vallarta, principal atractivo
turístico de Jalisco.
Y la Fiscalía lo niega…
En respuesta a una solicitud de información con número de expediente LTAIPJ/FG/535/2015, la Fiscalía General del Estado de Jalisco rechazó tener algún antecedente, en el periodo 2013 a 2015, de grupos o redes de la delincuencia organizada que se dediquen a la trata de personas en Puerto Vallarta.
En el citado oficio, la Fiscalía General detalló que en el año 2013 tuvo reporte de 2 456 personas no localizadas; en 2014, la cifra se incrementó a 2 472, y en el periodo enero-abril de 2015, se registraron 770 casos de personas extraviadas o desaparecidas.
Del total de personas cuyo paradero se desconoce, 1684 fueron localizadas con vida y 119 sin vida en 2013; al año siguiente, 1775 se encontraron con vida, mientras que 85 habían fallecido cuando se descubrió su ubicación. Hasta abril de 2015, se localizó a 462 de las 770 personas reportadas como desaparecidas. De ellas, 20 no sobrevivieron.
Según la Fiscalía, sólo uno de los casos de desaparición o extravío se ha relacionado con el delito de trata, por el que fueron consignadas apenas siete personas entre 2013 y 2015.
Otra cuestión a tomar en cuenta es la práctica del turismo sexual, especialmente en ciudades costeras y fronterizas.
El 19 de julio de 2004, la Gaceta de la
Universidad de Guadalajara documentó que algunas agencias de viajes y empresas
del giro turístico en Puerto Vallarta ofrecían "paquetes" para
turistas extranjeros, que incluían relaciones sexuales con niños y niñas, según
declaraciones de la investigadora Patricia Medina Covarrubias.
El órgano informativo relataba que "los
principales clientes son hombres y mujeres de Estados Unidos y Canadá...;
funcionan a manera de élite, por lo que una persona común y corriente
difícilmente obtendrá el servicio".
Medina Covarrubias también se refería a una red
de trata de personas: "hay empresas que forman parte de una mafia de
tráfico, prostitución y pornografía de menores, que trabaja a manera de
'corredor' desde Sudamérica hasta Canadá y abarca ciudades como Acapulco,
Tapachula, Cancún, Tijuana y Puerto Vallarta".
La diputada Verónica Juárez Piña, quien en 2013
señaló la carencia de albergues para atender a víctimas de trata en Puerto
Vallarta, se suma a las voces que denuncian la presencia del crimen organizado
en este destino turístico.
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| La diputada Verónica Juárez Piña, del PRD. Foto: PRD Jalisco |
"A través de sus redes, la delincuencia
organizada engaña, transporta, retiene, entrega, recibe o aloja a niños, niñas
y adolescentes. Solamente así es como se da este fenómeno, y en consecuencia,
la autoridad debe detectar con precisión el flagelo que atenta contra este
grupo poblacional, principalmente las mujeres", afirma la candidata del
PRD a diputada local por el distrito 7 de Jalisco.
La problemática, lejos de resolverse, se agravó al cabo de una década, pues hoy en día, Jalisco es la segunda entidad con más casos denunciados de desapariciones. A esto se suma el incremento de los índices de violencia en la entidad durante los últimos meses.
En el caso específico de Puerto Vallarta,
acciones como el establecimiento de un Comité Interinstitucional contra la
Trata, sin precedentes en Jalisco y encabezado por la oficina municipal
del sistema DIF en la ciudad costera, o
el mismo protocolo para brindar atención a personas desaparecidas, no han
impedido que las desapariciones y la trata de personas sean fenómenos latentes.
En respuesta a una solicitud de información con
número de expediente 228/2015, el DIF Puerto Vallarta negó tener
registros, de 2013 a lo que va de 2015, de "canalizaciones por parte de
autoridad municipal o estatal, denuncia anónima o derivados de programas del
Sistema DIF local o estatal, que soliciten el apoyo de atención para Niños,
Niñas y adolescentes víctimas del delito de trata de personas".
A través del programa para prevenir y atender la
Explotación Sexual Infantil (ESI), que forma parte de la Coordinación de
protección a la infancia, el DIF Puerto Vallarta impartió pláticas y talleres
preventivos sobre explotación, delitos sexuales y educación sexual para padres
e hijos. Pero no atendió a infantes o adolescentes víctimas de trata, pues ni
las autoridades municipales ni la Fiscalía General de Jalisco canalizaron a menores
que hubieran sufrido explotación sexual o laboral.
Frente a esta situación, 25 mujeres y 90 hombres
se extraviaron o desaparecieron en Puerto Vallarta, según el Registro Nacional
que lleva el conteo de personas no localizadas. Los casos más antiguos se
remontan al año 2007. A nivel estatal, el número de mujeres también es inferior
al de hombres: 372 frente a mil 853.
Aún con tales cifras, la Fiscalía del estado
lanzó en 2013 un protocolo para investigar y atender casos de desaparición por
motivos de género, pues las niñas y mujeres que padecen este delito suelen ser
víctimas de explotación sexual y de violencia generalizada por su sexo, apunta
el propio organismo.
La trata de personas está vigente en Puerto
Vallarta: en sus diversas modalidades de explotación, en las personas que no
regresan a sus hogares ni vuelven a ver a sus familias. Algunas, las menos, son
rescatadas de las redes de trata. Otras, como Érika Cueto, la maestra de pole
fitness, no sólo están fuera de casa, sino que ni siquiera se sabe por qué
se las llevaron.
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| Puerto Vallarta es el principal atractivo turístico de Jalisco, pero también un foco rojo para la trata de personas. Foto: Puerto Vallarta Centro |
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